La reciente aprobación de un aumento salarial para los diputados guatemaltecos, que los llevará a recibir hasta Q51 mil mensuales, ha generado una fuerte ola de reacciones, incluyendo expulsiones dentro de los partidos políticos, amparos legales y un creciente rechazo de la ciudadanía. El ajuste salarial, que eleva el sueldo de los legisladores en más de Q22 mil, ha desatado intensos cuestionamientos sobre su justificación y viabilidad.

El 29 de noviembre, el partido Victoria informo la expulsión de los diputados Sandra Milian y Randy Coc, quienes votaron a favor del incremento salarial. Mientras, la diputada Nadia de León Torres, de la bancada Nosotros, aseguro a traves de una carta pública que no apoyó el incremento salarial, aunque su voto figura como favorable en el registro oficial.

Por otro lado,  los parlamentarios Gerson Barragán y Obbed Castañaza, del partido Visión con Valores, a pesar de haber votado a favor del aumento, presentaron un proyecto de Acuerdo Legislativo pidiendo la derogación de la medida ante el presidente del Congreso, Nery Ramos.

Mientras tnato, los tres diputados de la bancada VOS, que votaron en contra del aumento, han interpuesto un amparo ante la Corte Constitucional para revertir el acuerdo que aprobó el incremento.

 
El aumento ha sido objeto de rechazo por parte de diversas organizaciones de la sociedad civil. Acción Ciudadana, una de las voces críticas, presentó un amparo legal argumentando que el incremento salarial y las indemnizaciones son ilegales. Esta postura es compartida por una gran mayoria de la población guatemalteca, que cuestiona la legalidad y la moralidad de la decisión en un contexto de dificultades económicas.

 
El acuerdo 31-2024 estipula que los diputados recibirán un salario equivalente al de los magistrados de la Corte de Apelaciones, lo que implicaría un aumento de Q22,789, llevando su salario mensual de Q29,150 a Q51,939.

Sin embargo, el presidente del Congreso, Nery Ramos, declaró que el presupuesto legislativo no cuenta con los fondos suficientes para cubrir este incremento, lo que pone en duda la viabilidad de la medida y añade incertidumbre sobre su implementación.

El aumento salarial de los parlamentarios guatemaltecos ha desatado una tormenta política y social que podría tener repercusiones a largo plazo. Las disputas internas, las acciones legales y el rechazo popular ponen de relieve la creciente tensión en torno a las decisiones del Congreso, lo que podría afectar la percepción pública de la clase política en el país.