La controversia sobre el salario de la vicepresidenta Karin Herrera ha escalado, luego de que el presidente Bernardo Arévalo ordenara al Ministerio de Finanzas aplicar una reducción en los gastos de representación asignados a ella, una medida que había sido previamente anunciada como parte del plan de austeridad del Ejecutivo.

Según un comunicado oficial del Gobierno, el mandatario instruyó a Finanzas para que se hiciera efectiva la rebaja acordada. Esta acción sugiere que el Ejecutivo no tenía pleno conocimiento del sueldo que Herrera ha percibido desde que asumió el cargo.

El origen de la polémica

La disputa salió a la luz el jueves 3 de abril, cuando se reveló que la vicepresidenta no aplicó la reducción del 25% a su salario, compromiso que había adquirido en abril del año anterior.

En ese momento, el Gobierno informó que el presidente Arévalo recibiría un salario mensual de Q100,855.91, y la vicepresidenta Q92,938.47, ya con la disminución aplicada. No obstante, para junio se confirmó que Arévalo había cumplido con la promesa, mientras que sobre el sueldo de Herrera no hubo información oficial hasta ahora.

Se ha conocido que, desde el inicio de su gestión, la vicepresidenta ha estado recibiendo Q136,412 mensuales, monto que no refleja la reducción prometida.

La defensa de Herrera

Tras la polémica, la vicepresidenta emitió un extenso comunicado en el que argumenta que existe un “impedimento constitucional” que le impide reducir su salario, alegando que este representa un “derecho adquirido” del cargo.

Además, sostuvo que aplicar la reducción podría sentar un precedente que afectaría a quienes ocupen el puesto en el futuro.

“Este monto fue establecido en 2004, y no puedo tomar una decisión que vulnere los derechos de futuros vicepresidentes, ya que podría tener repercusiones legales”, explicó en su declaración.