La adhesión de Guatemala al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) ha generado dudas legales y falta de transparencia, según analistas.
Representantes de centros de investigación económica demandaron una explicación técnica sobre lo aprobado por el Congreso en el presupuesto del 2026 para la adquisición de un cupo de acciones en el CAF.
El directorio del CAF realizó una reunión en El Salvador en diciembre del 2024, en la cual se aprobó el financiamiento para el Programa de Mejora y Expansión del Sistema de Saneamiento.
Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), y Jorge Lavarreda, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), cuestionaron la medida adoptada por el Legislativo y la falta de transparencia de la cartera del Tesoro en cuanto al uso de las reservas para la adquisición de acciones a nombre del Estado de Guatemala.
Barrientos explicó que la banca central puede comprar bonos de bajo riesgo o realizar inversiones con las reservas monetarias internacionales, ya que la idea es que estas no se usarán de inmediato y podrían generar retornos.
La banca central asumió el costo de la compra de las acciones del CAF, lo que podría ser considerado como una operación cuasifiscal, y por tanto, debería cargarse al presupuesto público.
Se deben presentar los documentos y análisis técnico-jurídicos que sustenten la operación con reservas monetarias internacionales, como fue aprobado por el Congreso para el CAF.
La falta de transparencia y la duda legal sobre la adhesión de Guatemala al CAF han generado un debate sobre la legalidad y la conveniencia de la medida.
Fuente: Prensa Libre
