El presidente Bernardo Arévalo vetó el Decreto 9-2025, reformas a la ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, por considerarlo un grave retroceso ambiental para el país.
La decisión se tomó en ejercicio de sus facultades constitucionales y en Consejo de Ministros, según un comunicado del Gobierno de Guatemala del 5 de noviembre de 2025.
El veto se debe a que el decreto limitaría únicamente a las actividades comerciales la obligatoriedad de contar con una evaluación de impacto ambiental, excluyendo así a sectores importantes de la economía y a todo el sector público, lo cual pondría en grave riesgo al ambiente.
Además, el veto responde al análisis jurídico que identifica que el Decreto 9-2025 contraviene la Constitución Política de la República, al vulnerar el principio de seguridad jurídica, los principios de igualdad, de irretroactividad de la ley, de preeminencia de los tratados y convenciones internacionales ratificados por el Estado de Guatemala, así como la obligación constitucional de propiciar el desarrollo del país, prevenir la contaminación y mantener el equilibrio ecológico.
El presidente Arévalo trabaja para consolidar un sistema de licencias ambientales como herramientas efectivas de protección de la naturaleza, y para abogar por legislación que fortalezca el marco legal en lugar de debilitarlo o de promover la impunidad ambiental.
El 30 de septiembre, el Congreso aprobó el Decreto 9-2025, que reforma la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente.
La normativa establecía que, previo al desarrollo de todo proyecto, obra, industria o cualquier otra actividad comercial que pueda causar deterioro a los recursos naturales renovables o no renovables, al ambiente o introducir modificaciones nocivas o notorias al paisaje y a los recursos culturales del patrimonio nacional, se debe efectuar un estudio de evaluación de impacto ambiental.
Fuente: Prensa Libre
