El Congreso de Guatemala aceptó el veto del presidente Bernardo Arévalo al Decreto 9-2025, que buscaba reformar la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente.
El veto fue oficializado el 5 de noviembre mediante el Acuerdo Gubernativo 192-2025, publicado en el Diario de Centro América. Según el documento, las reformas no se ajustaban a principios constitucionales, ya que podían vulnerar derechos fundamentales como la igualdad ante la ley, la seguridad de los ciudadanos y la protección del ambiente.
Uno de los puntos más cuestionados fue la modificación del artículo 8 de la ley, que limitaba la exigencia de estudios de impacto ambiental solo a actividades de carácter comercial. De acuerdo con el Gobierno y con el apoyo de las autoridades del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn), esta redacción podía generar ambigüedades y dejar fuera a proyectos estatales o no comerciales, debilitando los mecanismos de control ambiental y de protección a la población.
El Ejecutivo argumentó que esta exclusión violaba los artículos 2, 4, 97, 125 y 126 de la Constitución, que establecen la obligación del Estado de garantizar la vida, la seguridad y el uso racional de los recursos naturales. Además, se señaló que la reforma contradecía los tratados internacionales que comprometen a Guatemala a proteger el derecho humano a un ambiente sano.
La normativa buscaba actualizar las disposiciones de la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, vigente desde 1986, y detallar los procedimientos para los estudios de evaluación de impacto ambiental previos a cualquier proyecto, obra o actividad que pudiera causar deterioro ambiental o afectar el patrimonio natural y cultural del país.
Una de las reformas era la exoneración de la presentación de instrumentos ambientales a instituciones benéficas, religiosas, servicios profesionales individuales y ventas de la economía informal, siempre que no emitieran contaminantes y sus desechos fueran gestionados adecuadamente.
Con el veto presidencial, se mantiene vigente la normativa establecida en el Decreto 68-86. Los diputados que respaldaron la decisión señalaron que trabajarán en una nueva iniciativa que beneficie a los negocios, pero que priorice la protección del medio ambiente.
La diputada Karina Paz calificó la decisión como “una gran victoria para el medio ambiente”, destacando que diversos sectores científicos y organizaciones ambientales habían expresado su rechazo a la iniciativa.
Fuente: Prensa Libre
