El Congreso de la República de Guatemala ha dado un paso significativo con la aprobación del Decreto 11-2025, conocido como Ley Antipandillas, durante una reciente sesión plenaria. La iniciativa recibió un contundente respaldo con 144 votos a favor, marcando un hito en la lucha contra la criminalidad organizada en el país.
Esta nueva normativa tiene como propósito principal el endurecimiento de las penas dirigidas a las estructuras criminales que operan en el territorio nacional. Además, y por primera vez en la legislación guatemalteca, la ley reconoce explícitamente a las maras como organizaciones terroristas, lo que implica un cambio fundamental en la estrategia judicial y de seguridad del Estado.
La Ley Antipandillas también busca fortalecer considerablemente el marco jurídico penal existente en Guatemala. Su implementación dotará de herramientas legales y operativas más robustas al Estado, al Ministerio Público y a las distintas fuerzas de seguridad, facilitando así el combate frontal contra delitos de alto impacto.
Entre los crímenes que esta ley pretende erradicar o mitigar se encuentran la extorsión, el secuestro y el sicariato, flagelos que por varias décadas han afectado gravemente la tranquilidad y seguridad de la población guatemalteca, generando un clima de temor e inseguridad constante.
En el contexto de esta aprobación, el presidente Nery Ramos, en una conferencia de prensa, manifestó su compromiso y la firme postura del gobierno al declarar: “Guatemala ya no será un refugio para las pandillas ni para el crimen organizado transnacional”, subrayando la determinación de poner fin a la impunidad de estas organizaciones.
Un elemento crucial de esta ley es la propuesta para la creación de una cárcel de máxima seguridad. Este nuevo centro penitenciario contará con un control estricto de sus internos y una serie de características innovadoras para garantizar la máxima contención y evitar privilegios.
La proyectada prisión incluirá monitoreo externo constante mediante cámaras de vigilancia y dispondrá de un centro médico propio. Esta última disposición busca eliminar la necesidad de trasladar a los reos fuera del complejo penitenciario para recibir atención médica, lo cual es una medida estratégica para prevenir fugas o contactos no autorizados.
Además, el decreto introduce reformas sustanciales a leyes ya existentes, entre las que destacan tres puntos clave: 1) la prohibición del uso de productos financieros para aquellos individuos que utilicen sus cuentas para actividades de extorsión o exacciones ilícitas; 2) la equiparación de penas, de modo que la extorsión sea castigada con la misma severidad que la delincuencia organizada; y 3) la eliminación de medidas sustitutivas para los delitos graves contemplados en esta nueva legislación, asegurando así la prisión preventiva para los acusados. Estas medidas refuerzan el sistema penal y buscan desincentivar las operaciones del crimen organizado.
Fuente: Publinews
