En una sesión plenaria histórica, el Congreso de la República de Guatemala ha dado luz verde al Decreto 11-2025, conocido como la Ley Antipandillas, con un contundente respaldo de 144 votos a favor, marcando un hito en la lucha contra la criminalidad en el país.
Esta nueva normativa tiene como pilar fundamental el endurecimiento de las sanciones penales dirigidas a las estructuras criminales. Además, y por primera vez en la legislación guatemalteca, reconoce explícitamente a las maras como organizaciones terroristas.
La Ley Antipandillas está diseñada para fortalecer el marco jurídico penal existente, dotando al Estado, al Ministerio Público y a las fuerzas de seguridad de herramientas legales y operativas más robustas. El objetivo es enfrentar de manera más efectiva delitos de alto impacto.
Entre los crímenes que busca combatir la ley se encuentran la extorsión, el secuestro, el sicariato y otras manifestaciones de violencia que han afectado gravemente a la sociedad guatemalteca durante décadas, generando un clima de inseguridad.
El presidente Nery Ramos, en una conferencia de prensa posterior a la aprobación, enfatizó la trascendencia de esta ley al declarar: “Guatemala ya no será un refugio para las pandillas ni para el crimen organizado transnacional”, un mensaje claro sobre la postura del país.
La legislación también contempla la propuesta para la construcción de una cárcel de máxima seguridad, diseñada con controles estrictos para albergar a reos de alta peligrosidad y minimizar cualquier posibilidad de escape o manipulación.
Este nuevo centro penitenciario contará con un sistema de monitoreo externo de cámaras y dispondrá de un centro médico propio. La integración de estos elementos busca eliminar la necesidad de trasladar a los reclusos fuera de las instalaciones, reduciendo riesgos.
Asimismo, la Ley Antipandillas introduce importantes reformas a las leyes existentes, incluyendo la prohibición del uso de productos financieros para aquellos que los empleen en actividades de extorsión o exacciones.
Otras reformas clave son la equiparación de penas para que la extorsión reciba la misma severidad punitiva que la delincuencia organizada, y la expresa negación de medidas sustitutivas para los delitos graves cubiertos por esta normativa.
Fuente: Publinews
