En Guatemala, las asignaciones presupuestarias para la prevención de desastres por parte de las entidades públicas representan menos del 1% del total, una cifra alarmante dada la vulnerabilidad del país. Esta situación se da a conocer en un informe fechado el 22 de octubre de 2025 y redactado por Fátima Najarro, resaltando la urgencia de modernizar la infraestructura de drenaje para mitigar el impacto de las inundaciones.
Recientemente, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) reportó que 25 personas resultaron damnificadas en Nueva Concepción, Escuintla, a causa del desbordamiento del río Coyolate, un claro ejemplo de las consecuencias de la falta de inversión preventiva.
Aunque la Conred es la institución principal encargada de la gestión de riesgos y la respuesta a emergencias, enfrenta restricciones tanto presupuestarias como operativas. Sin embargo, otras dependencias del Ejecutivo y municipalidades también cuentan con fondos específicos para estas tareas, cuya ejecución no siempre se traduce en resultados tangibles y suficientes.
De acuerdo con los datos del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) dispuso de Q261 millones para la gestión de riesgos, de los cuales ha ejecutado el 68% a través de unidades como la Dirección General de Caminos, Conservación Vial, Construcción de Edificios del Estado y el Fondo Social de Solidaridad.
Por su parte, el Ministerio de la Defensa Nacional (Mindef) contaba con un presupuesto de Q304 millones, habiendo utilizado el 61% de este monto. En contraste, las municipalidades, a través de los Consejos de Desarrollo, destinaron apenas Q503 mil, aunque este monto fue ejecutado en su totalidad, según la información disponible en el portal de transparencia.
La Conred ha destacado la vigencia del Plan Nacional de Gestión de Riesgo, una iniciativa que busca alinear programas y presupuestos institucionales con objetivos estratégicos. Es importante señalar que esta iniciativa no está liderada específicamente por el presidente Bernardo Arévalo, sino que busca una acción coordinada de múltiples actores.
La entidad enfatizó que la prioridad radica en que las instituciones gubernamentales, municipalidades, el sector privado, la sociedad civil y la academia integren la gestión de riesgo en sus políticas, planificación estratégica y asignaciones presupuestarias. Los pilares de este plan incluyen la gestión del conocimiento, la gobernanza y participación ciudadana, la inversión en reducción de desastres, y la preparación y respuesta ante emergencias.
Este año, la Conred ha invertido más de Q1 millón 200 mil, según el portal Guatecompras, en campañas de educación pública orientadas a la reducción de riesgos. Estas campañas se centran en la temporada de lluvias, la temporada ciclónica y la concienciación sobre el adecuado manejo de desechos.
A pesar de que 225 de las municipalidades están implementando estrategias de gestión de riesgo y programas de fortalecimiento, no todas las alcaldías cumplen con la obligación de establecer una Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres (Comred). Durante las emergencias provocadas por los fenómenos Eta e Iota, solamente el 43% de las municipalidades contaban con una oficina dedicada a estas funciones, y en algunos casos, una única persona asumía toda la responsabilidad.
Las Comred tienen la misión fundamental de identificar zonas de riesgo, desarrollar planes de prevención, preparar respuestas ante emergencias y asesorar a las autoridades locales en la toma de decisiones. Su ausencia o debilidad representa un vacío crítico en la cadena de respuesta a desastres.
El Dr. Sergio García, experto en ingeniería civil del Centro de Resiliencia ante Desastres Naturales de la Universidad de Maryland, subraya la necesidad de impulsar un diálogo nacional o una estrategia integral que promueva la colaboración intersectorial para fortalecer la gestión de riesgos. García señala que el análisis de riesgos actual es deficiente, careciendo de un entendimiento probabilístico que mida la frecuencia y magnitud de las lluvias.
El especialista argumenta que esta deficiencia lleva a inundaciones más frecuentes, ya que la infraestructura existente, como alcantarillados y sistemas de desfogue, se encuentra desactualizada y no es acorde con las intensidades de precipitación actuales. Asimismo, el Dr. García enfatiza la importancia de superar la idea de que los eventos naturales son impredecibles, destacando que con estudios e infraestructura adecuados, es posible monitorear las lluvias hasta con 72 horas de antelación.
Aunque las vulnerabilidades son considerables, un mejor entendimiento de la frecuencia y magnitud de las amenazas naturales permitiría tomar decisiones más informadas sobre la inversión necesaria y los niveles de pérdidas asumibles. Finalmente, el Dr. García resalta que las condiciones sociales son un factor crucial a considerar en las estrategias de reducción de desastres y sugiere la implementación de supervisores gubernamentales capacitados para asesorar al personal técnico en las obras diarias.
Fuente: Prensa Libre
