Guatemala se encuentra inmersa en una profunda crisis de seguridad tras la masiva fuga de 20 peligrosos líderes de la pandilla Barrio 18, quienes escaparon del Centro de Detención Preventiva para Hombres Fraijanes II. Este hecho, que ha sacudido los cimientos del sistema penitenciario y la confianza ciudadana, ha desatado una compleja investigación a cargo de dos fiscalías especializadas.
La incógnita sobre cómo pudo concretarse una evasión de tal magnitud persiste entre las autoridades y la población, a pesar de que el proceso investigativo ya está en marcha. Mientras tanto, la ausencia de un pronunciamiento oficial por parte del Presidente Bernardo Arévalo ha generado aún más incertidumbre y críticas en diversos sectores del país.
Las indagaciones han sido divididas entre dos entidades clave del Ministerio Público. Por un lado, la Fiscalía Municipal de Santa Catarina Pinula ha tomado la batuta en la persecución de los evadidos, emitiendo las órdenes de captura pertinentes por el delito de evasión. Simultáneamente, la Fiscalía de Delitos Administrativos se ha enfocado en perfilar a los posibles cómplices que facilitaron la fuga, poniendo bajo el escrutinio a los 24 guardias penitenciarios de los grupos A y B que estaban asignados a la vigilancia del sector donde se encontraban los reos, a quienes Estados Unidos cataloga como terroristas.
El Ministerio Público (MP) ha reiterado su compromiso, declarando que “Las investigaciones continúan en conjunto con la Fiscalía de Delitos Administrativos, con la finalidad de individualizar a los autores materiales e intelectuales de este suceso que pone en riesgo la seguridad ciudadana”. Esta afirmación subraya la gravedad de un evento que, desde su revelación el domingo 12 de octubre, ha puesto en jaque la estabilidad del país.
Los 20 reos fugados cumplían condenas que oscilaban entre los 100 y más de mil años de cárcel, por crímenes atroces como asesinatos, extorsiones, violaciones y tráfico de drogas. La fuga fue descubierta por el Ministerio de Gobernación, dirigido por Francisco Jiménez, durante una requisa de rutina, al percatarse de la ausencia de un reo y proceder a la verificación de huellas dactilares de los 251 presos de la cárcel.
Las consecuencias inmediatas de este escándalo han sido contundentes, con la destitución de 10 autoridades penitenciarias, incluyendo a Ludin Godínez, quien ocupaba el cargo de director de Presidios. Para agilizar la recaptura, se ha ofrecido una recompensa de 150 mil quetzales por información que conduzca a la detención de cada uno de los prófugos. Sin embargo, hasta la fecha, solo Byron Eduardo Fajardo Revolorio, de 40 años, conocido como alias “Black Demon”, ha sido recapturado en Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa.
A pesar de la magnitud del incidente, el Presidente Bernardo Arévalo no ha emitido ningún pronunciamiento público al respecto. La semana previa a la fuga, el mandatario se encontraba en una gira de trabajo en Bruselas, Bélgica, y posteriormente sostuvo una reunión privada en el Vaticano con el Papa León XIV, a quien invitó a visitar Guatemala.
El penal de Fraijanes II, inaugurado con gran expectativa el 9 de diciembre de 2021 bajo el concepto de un Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, ha sido el escenario de este bochornoso suceso. La sorprendente fuga ha generado un rechazo unánime entre las principales cámaras empresariales del país, incluyendo al Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG) y la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), quienes han calificado el evento como una grave amenaza a la seguridad nacional.
Fuente: Publinews
