La política de redes sociales es ruidosa, inmediata y polarizante. Reduce problemas complejos a consignas simples, divide a la sociedad en bandos irreconciliables y premia el golpe al adversario por encima de la búsqueda de soluciones.
Guatemala necesita menos políticos diseñados para redes sociales y más políticos que piensen en la gente. La política hecha para redes sociales tiene un costo real, y ese costo lo paga el país.
El aumento al salario mínimo es un buen ejemplo de esa desconexión. Por sí solo, no genera más empleo ni atrae inversión. Sin crecimiento económico, sin certeza jurídica y sin un entorno que incentive la formalidad, ese ajuste termina siendo un alivio limitado y, en algunos casos, una presión adicional.
Convertirlo en bandera política en redes sociales no cambia esa realidad. El problema no es la existencia de las redes sociales ni la participación ciudadana. Una democracia sana necesita debate, crítica y pluralidad.
El problema surge cuando el debate público se posiciona desde la lógica de la confrontación y se pierde de vista a la mayoría silenciosa, esa que no vive pendiente de las redes, pero sí padece las consecuencias.
Fuente: Prensa Libre
