El Consejo de la Unión Europea (UE) decidió este lunes extender por un año más, hasta el 13 de enero de 2026, las sanciones dirigidas contra cinco individuos responsables de acciones que, según el organismo, atentan contra la democracia, el Estado de derecho y el traspaso pacífico de poder en Guatemala.
Estas medidas incluyen restricciones de viaje que impiden la entrada y tránsito en los Estados miembros de la UE, así como la congelación de activos, según detalla un comunicado oficial.
Entre los sancionados se encuentran la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras Argueta de Porres; el secretario general del MP, Ángel Pineda; el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), José Rafael Curruchiche Cucul; la fiscal de esa unidad, Leonor Eugenia Morales Lazo de Sánchez; y el juez Séptimo Penal, Fredy Raúl Orellana Letona.
Preocupación por la situación democrática en Guatemala
El Consejo de la UE advirtió que podría implementar nuevas medidas restrictivas si la democracia en Guatemala continúa enfrentando amenazas. En reiteradas ocasiones, la UE ha manifestado su preocupación por el uso indebido del sistema judicial en el país, subrayando los intentos de revertir los resultados de las elecciones de 2023 y las agresiones contra el gobierno democráticamente elegido.
En este contexto, la UE reafirmó su compromiso de apoyar la gobernanza democrática y de trabajar estrechamente con el presidente Bernardo Arévalo en temas clave como el fortalecimiento del Estado de derecho, el desarrollo económico sostenible y la promoción de la justicia social en beneficio de la población guatemalteca.
Un régimen de sanciones para proteger la democracia
El régimen de sanciones de la UE con respecto a Guatemala fue establecido el 12 de enero de 2024 con el objetivo de exigir responsabilidades a quienes socaven la democracia o dificulten la transición democrática tras las elecciones generales de 2023. Según la UE, dichas elecciones, que dieron una “clara victoria” a Arévalo, contaron con el respaldo de la Misión de Observación Electoral (MOE) de la UE.
La renovación de estas sanciones reafirma la vigilancia de la UE ante cualquier acción que atente contra la voluntad popular y la estabilidad democrática en Guatemala.
