La Fiscalía guatemalteca ha hecho públicos los pormenores del denominado caso “UNOPS: Corrupción presidencial”, una investigación que se desprende de una denuncia por supuestas irregularidades en un convenio para la adquisición de suministros médicos. Este acuerdo fue establecido entre el Estado de Guatemala, a través del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).
El fiscal anticorrupción, Rafael Curruchiche, ha sido el encargado de ofrecer los detalles de esta compleja pesquisa. Según lo expuesto por Curruchiche, la investigación se centra en la firma de un memorándum relativo a insumos médicos, cuyo monto asciende a la considerable suma de 943 millones, 944 mil 469 dólares.
Este trascendental documento fue suscrito el 30 de abril de 2024 por Óscar Arnoldo Cordón Cruz, quien en aquel momento fungía como Ministro de Salud. La Fiscalía subraya que el objeto de investigación se basa en la magnitud del convenio y la autoridad para su aprobación.
La investigación de la Fiscalía detalla que, según lo estipulado en el artículo 171 de la Constitución Política de la República de Guatemala, únicamente el Congreso de la República posee la potestad legal para autorizar gastos que superen el 1% del presupuesto total de cualquier cartera ministerial. Este punto es clave en las acusaciones de irregularidad.
Como resultado de esta indagación, se han emitido órdenes de captura contra varias figuras clave. Entre los señalados se encuentran el exministro Óscar Arnoldo Cordón Cruz, el director administrativo del MSPAS, Edwin Romero Sicán, y la asesora del despacho ministerial, María Gabriela Chaulón. Adicionalmente, durante las diligencias llevadas a cabo en las instalaciones del Ministerio de Salud, fue detenido Luis Felipe Aldana Cermeño, quien se desempeñaba como jefe del Departamento de Presupuesto.
Ante estas graves acusaciones, el presidente Bernardo Arévalo se pronunció enérgicamente, calificando la investigación de Curruchiche como “absolutamente falsa e imposible de probar”. El mandatario expresó su preocupación por el impacto humano de estas acciones, afirmando: “…sabe qué es lo cruel, que en el camino se ensañan con gente como las órdenes de captura que están sacando ahora en contra de funcionarios del Ministerio de Salud a los que van a ir a buscar para poner en la cárcel gente que no ha hecho nada y que, porque la acusación es absolutamente absurda, pero a la que van a intimidar, a la que van a amedrentar, porque a eso se dedican”.
En el mismo pronunciamiento, el Presidente Arévalo aprovechó la oportunidad para referirse al plazo establecido para la sustitución de la Fiscal General, Consuelo Porras. El mandatario reiteró la “urgencia” de un cambio, indicando: “Me merece que creo que la sociedad guatemalteca tiene claro que lo que nos urge es trabajar para que el 16 de mayo (de 2026) esa historia de vergüenza que implica este Ministerio Público sea parte de la historia”, proyectando una clara expectativa de renovación en la institución.
Este “caso UNOPS” y las declaraciones del presidente Arévalo reflejan la creciente tensión entre el Ejecutivo y el Ministerio Público, con acusaciones cruzadas de corrupción y politización de la justicia, lo que genera incertidumbre en el panorama político y social del país.
Fuente: Publinews
