El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn) ha elaborado un análisis técnico del decreto 9-2025 que reforma la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, con el fin de identificar los principales motivos por los que el presidente debería vetar la ley.
El viceministro de Ambiente, Rodrigo Rodas, indicó que se han detectado serios vicios de inconstitucionalidad en la normativa, que no solo contradice mandatos expresos de la Constitución Política de la República, sino que también vulnera convenios internacionales y podría generar inestabilidad jurídica para las inversiones en el país.
El decreto contraviene específicamente dos artículos constitucionales, el artículo 4 que consagra el derecho de igualdad para todos los habitantes, y el artículo 97 que establece la obligación del Estado, las municipalidades y los habitantes de propiciar un desarrollo que prevenga la contaminación y mantenga el equilibrio ecológico.
La normativa deja de considerar el daño ambiental que genera todo proyecto, obra, industria o cualquier otra actividad, lo que genera una “externalidad económica”, es decir, el costo de descontaminar y tratar los desechos producidos se traslada de manera injusta a la población en general.
El texto del decreto, al hacer referencia específica a lo “comercial”, parece excluir de responsabilidad ambiental a un sector clave de la actividad económica, lo que abre la puerta a que se autoricen y construyan obras sin los controles ni requerimientos ambientales adecuados.
La normativa contraviene convenios internacionales suscritos y ratificados por Guatemala, que establecen que los estándares ambientales alcanzados no pueden reducirse, un principio conocido como “no regresividad”.
El viceministro Rodas subrayó que la inseguridad normativa es un factor que desalienta la llegada de capitales responsables, que valoran la estabilidad y el cumplimiento de estándares globales.
La ministra de Ambiente, Patricia Orantes, aseguró que se están realizando los análisis técnicos sobre la inconstitucionalidad en la ley, ya que la misma deja fuera a varios sectores de la presentación de estudios de impacto ambiental.
Fuente: Prensa Libre
