Más de 700 mil hectáreas de Nicaragua han sido concesionadas a empresas chinas sin transparencia ni control ambiental, según indica el ambientalista Amaru Ruiz. Esta cantidad representa más del 5% del territorio nacional y se ha formalizado con condiciones extraordinarias, sin transparencia ni consulta ciudadana.
Las concesiones forman parte de una política acelerada del régimen de Daniel Ortega, que ha transformado la minería en una de sus principales cartas de intercambio político y económico con China, tras restablecer relaciones diplomáticas con Beijing en diciembre de 2021.
Actualmente, el 36% del territorio nicaragüense, equivalente a 4.2 millones de hectáreas, está destinado a la minería. Sin embargo, la Agencia Oficial de Promoción de Inversiones (PRONicaragua) asegura que hasta un 49.18% del país —más de 6.4 millones de hectáreas— está disponible para nuevas concesiones.
Entre 2022 y 2025, el Ministerio de Energía y Minas ha autorizado a once compañías de capital chino más de 50 concesiones metálicas y no metálicas, en regiones como la Costa Caribe Norte, Jinotega y Chinandega. Las conexiones entre estas empresas revelan redes empresariales poco transparentes.
Ruiz afirma que el régimen está cambiando las reglas del juego para garantizar que las concesiones recaigan en manos de estas empresas, con la modificación de leyes, normas municipales y procesos de consulta. Lo que buscan es hegemonía total sobre una industria que sostiene las exportaciones y los números macroeconómicos del país.
El ambientalista también señala que los contratos públicos-privados no se publican y no existen estudios de impacto ambiental disponibles. No se conoce cuánto gana el Estado, ni qué tecnología se usará: si minería a cielo abierto, por túneles o con qué químicos.
Fuente: Prensa Libre
