El sector bancario y financiero guatemalteco ha alertado sobre los posibles riesgos que enfrentaría el país si no se aprueba la iniciativa de ley que actualiza el combate al lavado de dinero, una exigencia internacional que busca prevenir y combatir este tipo de delitos.
En una reunión llevada a cabo en el Congreso de la República, miembros de la Comisión de Economía se reunieron con representantes de la Superintendencia de Bancos (SIB), la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG) y la Cámara de Finanzas de Guatemala (CFG) para discutir la iniciativa de ley.
Los participantes en la reunión identificaron al menos seis grandes riesgos que enfrentaría el sistema financiero nacional si no se aprueba la normativa, incluyendo la pérdida de corresponsalías bancarias, la percepción de alto riesgo para la inversión extranjera directa, el incremento en los costos de transacción y una mayor vulnerabilidad frente al crimen organizado.
El superintendente de Bancos, Saulo De León Durán, recordó que es necesaria la modernización de la normativa para evitar que el país sea incluido en la lista “gris” de países con deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero, lo que tendría consecuencias económicas y reputacionales.
Los representantes de la ABG y la CFG advirtieron que una eventual designación en la lista “gris” podría tener consecuencias graves, incluyendo la afectación a las remesas, el incremento en los costos de transacción y una mayor vulnerabilidad frente al crimen organizado.
El asesor de la ABG, Roberto Ortega Herrera, explicó que el llamado de urgencia a los diputados de la Comisión de Economía responde a que la ley entra en vigor seis meses después de su aprobación y que se dispone de un año para elaborar los reglamentos.
Los tiempos son importantes, ya que se busca que la ley esté implementada para las revisiones que comiencen en el segundo y tercer trimestre del 2027, durante la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
La aprobación de la ley es crucial para evitar que Guatemala sea incluida en la lista “gris” y para mantener la estabilidad y la confianza en el sistema financiero nacional.
Fuente: Prensa Libre
