El Tribunal Supremo Electoral (TSE) debe priorizar la planificación de las elecciones del 2027 y la cancelación de partidos políticos que no alcanzaron el mínimo de votos que establece la ley. La magistrada Blanca Alfaro, como presidenta en funciones del TSE, relegó la cancelación de agrupaciones que no alcanzaron el mínimo de votos que establece la ley.
Los analistas consideran necesario que el TSE cumpla con la Ley Electoral y de Partidos Políticos, ya que algunos partidos debieron ser cancelados y continúan vigentes. La cancelación procede cuando un partido no alcanza el 5% de votos en la elección presidencial ni obtiene una curul en el Congreso.
De las 11 organizaciones políticas que no cumplieron con esos requisitos en las elecciones del 2023, cuatro siguen registradas como vigentes, según información oficial de la página del TSE. Entre ellas figura el Partido de Avanzada Nacional (PAN), que mantiene como secretario general a Manuel Conde, exdiputado y excandidato presidencial por Vamos.
La cancelación de partidos políticos es un mandato legal y no haberlo ejecutado en tiempo puede acarrear consecuencias jurídicas para la magistrada Alfaro, por no haberlo priorizado. Los analistas consideran fundamental que, con el regreso de los magistrados titulares, se recupere el orden institucional.
El pleno del Tribunal Supremo Electoral (TSE) quedó integrado desde el pasado viernes, luego de una resolución judicial que restituyó en sus cargos a cuatro magistrados. Ahora, entre las prioridades está planificar las elecciones generales del 2027. Los nuevos magistrados que sean elegidos por el Congreso tomarán posesión apenas unos meses antes de la convocatoria a elecciones generales del 2027.
Los analistas consideran que la planificación de las elecciones del 2027 es un asunto que genera mucho trabajo en el año previo y que debería ser la prioridad de los actuales magistrados. La implementación de una hoja de ruta que permita cumplir con las tareas electorales del 2027 es fundamental para garantizar la transparencia y la legitimidad del proceso electoral.
Fuente: Prensa Libre
