Bloqueo preventivo de cuentas bancarias a exfuncionarios acusados de narcotráfico en Sinaloa tras acusaciones de EE. UU.
Intervención de la UIF y respuesta mexicana
Durante la noche del 18 de mayo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México bloqueó las cuentas bancarias de diez funcionarios y exfuncionarios del estado de Sinaloa, a quienes el gobierno de Estados Unidos acusa de actividades relacionadas con el narcotráfico.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aclaró que la medida tiene carácter estrictamente preventivo y no implica una acreditación de responsabilidad, sino que es para proteger la integridad del sistema financiero nacional.
“Estas medidas no implican la acreditación de responsabilidad alguna, sino acciones preventivas de carácter administrativo”
Acusaciones y contexto internacional
El Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública una acusación formal contra diez funcionarios y exfuncionarios señalados por su presunta alianza con el cartel de Sinaloa, una poderosa organización criminal transnacional.
Según esta acusación, los involucrados facilitaron la importación de grandes cantidades de narcóticos hacia EE. UU. y Canadá a través de una compleja red de narcotráfico.
Principales acusados y estado actual
- En funciones: Rubén Rocha (Gobernador de Sinaloa), Enrique Inzunza (Senador), Juan de Dios Gámez (Alcalde de Culiacán), Dámaso Castro (Vicefiscal).
- Fuera de cargo: Enrique Díaz (Exsecretario de Finanzas), Marco Almanza (Exjefe de Policía de Investigación), Alberto Contreras (Exjefe de Policía de Investigación), Gerardo Mérida (Exsecretario de Seguridad), José Hipólito (Exsubdirector de Policía Estatal), Juan Valenzuela (Excomandante Policía Municipal).
El gobernador Rubén Rocha solicitó licencia temporal para facilitar las investigaciones, mientras que Gerardo Mérida fue detenido en Arizona y está encarcelado en Nueva York, con una audiencia próxima el 1 de junio.
Medidas legales y garantías
La SHCP aseguró que los afectados cuentan con medios de defensa jurisdiccionales y administrativos conforme a la legislación vigente, garantizando el derecho a audiencia y recursos legales adecuadamente.
Esta acción de bloqueo llegó tres semanas después de la acusación oficial por parte del Departamento de Justicia estadounidense.
Conclusión final.
Este bloque preventivo refleja la fuerte presión de EE. UU. contra el narcotráfico y la respuesta oficial mexicana para proteger su sistema financiero.
Fuente: Prensa Libre
